Hace justo un año, este pequeño país de menos de 4 millones de habitantes acaparó las miradas del mundo entero porque fue el escenario del primer e histórico apretón de manos entre Raúl Castro y Barack Obama. Panamá dio entonces la imagen de un país de consenso, comprometido con la diplomacia y con vocación de istmo.

Un año más tarde, las cámaras de los medios de comunicación más prestigiosos del mundo han vuelto a inundar las congestionadas calles de la capital panameña. Pero esta vez, la situación es bien distinta.

El escándalo de los denominados "Papeles de Panamá" ha caído como un jarro de agua fría en este país centroamericano que ha hecho de la discreción y la diplomacia su manera de desenvolverse a lo largo de los años en la intrincada geopolítica del continente.

Los panameños se sienten heridos en su orgullo, cuestionados y vapuleados injustamente desde el pasado domingo, cuando decenas de medios internacionales publicaron que cientos de personalidades de todo el mundo contrataron los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para crear compañías "offshore" (extraterritoriales) en distintos paraísos fiscales y supuestamente evadir impuestos.

Desde entonces, en los ascensores, en el metro, en los bares y en las ruedas de prensa de las autoridades panameñas, se repite como un mantra la misma idea: no tiene sentido que se haya usado el nombre de Panamá en el título de las filtraciones cuando hay una veintena de países y jurisdicciones implicadas en el macroescándalo.

"Panamá quiere dejar claro que esta situación, a la que se ha mal llamado 'Papeles de Panamá' no es un problema de nuestro país sino de muchos países del mundo, cuyas estructuras legales y financieras son todavía vulnerables a ser utilizadas para fines que no representan el bien común de los ciudadanos", denunció el presidente, Juan Carlos Varela, en un discurso televisado.

El Gobierno y el pueblo panameño se sienten víctimas de una conspiración contra su centro financiero, uno de los más sólidos y competitivos de la región, y critican la doble moral de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que aloja países y jurisdicciones donde el secreto y la falta de transparencia es grande.

"Claramente aquí lo que pareciera es que hay una intención de hacerle daño a nuestro país desde el exterior", sostuvo el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.

"Las Islas Vírgenes Británicas y el Estado de Delaware (en Estados Unidos) compiten con las sociedades anónimas de Panamá ¿Allá son buenas y aquí malas?", se preguntó por su parte en su Twitter el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).

Un periodista alemán que lleva varios días cubriendo el escándalo se preguntaba este miércoles cómo es posible que los panameños se hayan tomado tan a pecho el asunto y les haya tocado de esa manera el ego nacional, cuando los peor parados son los (millonarios y poderosos) evasores del mundo desarrollado.

Para entender este chovinismo que podría parecer exagerado, es necesario tener claro que se trata de un país de servicios, que vive principalmente del Canal, de su centro bancario y de su sistema tributario territorial, y que gracias a ellos ha conseguido liderar durante varios años el crecimiento en América Latina y convertirse en una de las economías más pujantes del mundo.

En 2015, el país creció al 5,8 %, casi tres veces más de la media latinoamericana, y registró una inversión extranjera directa de 5.038 millones de dólares, un 17 % más que el año anterior.

El sector servicios ha sido la médula espinal de la historia panameña y la razón de que el país haya sobrevivido a los avatares convulsos y violentos de la región, como si hubiese estado metido en una especie de globo impenetrable. Por eso, defender los intereses nacionales a capa y espada es casi una obligación moral, aunque no siempre se tenga razón.

Panamá no quiere tirar por la borda el trabajo que lleva haciendo muchos años para fortalecer su legislación, lavar su imagen y desprenderse del sambenito de "paraíso fiscal".

La primera consecuencia de este macroescándalo es la decisión de Francia de volver a incluir al país en su lista de paraísos fiscales.

El Gobierno ha dejado claro en todo momento que no va a dejarse "pisotear" ni a cargar con los actos delictivos que cometan terceros, pero ha ido rebajando el tono y aparcando el discurso vehemente y tajante de los primeros días.

Aunque sus ministros amenazaron el martes con aplicar medidas de retorsión y responder con la misma moneda a Francia, el presidente Varela apeló el miércoles al diálogo y a la diplomacia, consciente de que el enfrentamiento y la hostilidad no benefician a un país que vive en gran medida de la mercancía que mueven a través del Canal algunas de las economías más importantes del mundo que hoy le señalan con el dedo.

"Le pedimos a todos los países usar las vías diplomáticas y respeto mutuo en estos momentos", instó el presidente.

Un día más, el país se despierta conmocionado y enfadado, pero dispuesto a salvaguardar su nombre, a pesar de que su sistema fiscal y financiero va a ser aún más observado con lupa. ACAN-

EFE